23Octubre2017

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Elecciones 2017 – Documentos judiciales corroboran las denuncias contra candidato del oficialismo en San Luis

San Luis Noticia tuvo acceso a documentos que corroboran las denuncias que publicaron distintos medios sobre las causas judiciales contra Ariel Rosendo, candidato a senador provincial por el Frente que lideran Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Una de las denuncias mediáticas aludía a una causa por violencia familiar que tramita en la Justicia de Villa Mercedes. Se trata de una acusación de la ex pareja del gremialista y candidato para las elecciones legislativas por presuntas agresiones y amenazas, que llevó al Juzgado Correccional a dictar medidas de exclusión de domicilio y prohibición de acercamiento para “preservar la integridad psicofísica” de la denunciante.

La denuncia fue radicada en el Juzgado a cargo de Santiago Ortiz a mediados de 2015 por parte de quien era la pareja de Rosendo -cuyos pormenores se mantienen en reserva- que generaron urgentes disposiciones judiciales conforme a los artículos 1°, 5° y 6° de la ley I-0009-2004 de Violencia Familiar.

Medios periodísticos como Elpuntano.com habían adelantado algunos detalles de la denuncia, como también de otras acusación en contra del mismo dirigente por presuntas amenazas a una abogada y acoso sexual a una ex empleada.

Las graves acusaciones y las pruebas que las corroboran colocan tanto al candidato como a los jefes del PJ de San Luis en una complicada situación en plena definición de listas y a punto de entrar de lleno en la campaña electoral.

La ley y los artículos

La referida ley N° I-0009 fue sancionada en el año 2004 por la Legislatura Provincial cuando José Antonio Sergnese era presidente de la Cámara de Diputados.

El artículo N° 1 de la ley establece: Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de algunos de los convivientes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta Ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

Los artículo N° 5 y N° 6 establecen las medidas que debe adoptar el juez ante las denuncias, entre ellas ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo y prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo y estudio del mismo.-