Sorpresa te da la vida – “La cantidad de horas de clase no nos garantiza la calidad de la educación”

Lo dijo el gobernador Alberto Rodriguez Saá, quien en 2010 sancionó a los docentes que hicieron paros porque trasgredían la reglamentación sobre la cantidad de horas de clase.

 

Los principios y las convicciones en la política -salvo contadas excepciones- se acomodan a los tiempos y los intereses. El mismo argumento que el gobernador usó para castigar con dolorosos descuentos salariales a los docentes que hicieron paros durante el conflicto de 2010, lo usó ahora para justificar los asuetos para toda la primera semana de mayo.

Se trata de lo que dice la reglamentación sobre la cantidad de horas de clase por año que deben cumplir los docentes: 180 días, según la Ley 25.864. O bien 190 días, de acuerdo con lo convenido en el Consejo Federal de Educación en 2011.

El viernes, en declaraciones que hizo el gobernador durante un encuentro con directores de escuelas públicas, en Terrazas del Portezuelo, dio a conocer las nuevas funciones de la Cédula de Identidad Provincial Electrónica, la CIPE, y anunció que dará asueto escolar el 2 y 4 de mayo próximos para permitir la tramitación a quienes aún no la poseen.

Desde el mes próximo, la cédula provincial incorporará el carnet de DOSEP, el pago de peajes, historia clínica, la pertenencia a un plan social, un “monedero virtual” para diferentes pagos y para acceder a descuentos en los festivales provinciales.

Una semana sin clases atenta con lo establecido por la citada Ley. Pero en el afán de respaldar los asuetos, Alberto Rodríguez Saá sostuvo: “La cantidad de horas de clase no nos garantiza la calidad de la educación”. Además, instó a los directores a que estimulen a su comunidad educativa a tramitar la CIPE y vacunarse durante los dos días de asueto escolar acordados.

A mediados de 2010, luego de un fuerte conflicto docente, el gobierno aplicó descuentos de hasta 60 % en los salarios de los trabajadores que habían adherido a los paros de principio del ciclo lectivo de ese año. El argumento del gobierno, a cargo de Alberto Rodríguez Saá, fue entonces que las medidas de fuerza eran “ilegales” porque violaban lo establecido por la ley nacional en cuanto a la cantidad de días de clase que se debían cumplir durante el año.

Ahora, con el interés por avanzar en la imposición de la CIPE, un documento provincial implementado por el gobierno en 2011 -para lo cual desembolsa millonarios fondos públicos en negocios con firmas como Unitech y Macroseguridad- el gobernador contradice lo que establece la ley nacional y los argumentos que el mismo expuso para castigar a los docentes en 2010.