19Noviembre2017

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Cambiemos informó que el fiscal Rachid pidió que el gobierno justifique el destino de 80 millones de pesos

Es el monto que habría recibido la fundación Mujeres Puntanas. Según Cambiemos, fue violada la ley de financiamiento de partidos políticos.

Tras la derrota en las elecciones generales, la oposición en San Luis persiste en las denuncias por presunta corrupción contra funcionarios del gobierno y apunta principalmente a la entrega de fondos a la fundación que preside Gisela Vartalitis, cuñada del gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Se trataría de 80 millones de pesos que, según Cambiemos, habrían sido utilizados durante la campaña electoral para “sortear electrodomésticos”.

Cambiemos, embanderado en la “campaña anticorrupción” pero con una curiosa “selección” de las denuncias, ya que nada dice del escándalo que involucra al ex gobernador Claudio Poggi por una presunta estafa millonaria contra el estado provincial por sobreprecios en la obra pública (ver nota: http://www.sanluisnoticia.com.ar/index.php/san-luis-en-off/2751-causa-la-recova-entre-procesamientos-y-una-demanda-millonaria-contra-la-provincia), pone todas sus fichas en 80 millones que habría recibido la pareja de Adolfo Rodríguez Saá.

“El fiscal federal Cristian Rachid exige a la fundación Mujeres Puntanas, que sorteaba electrodomésticos en campaña electoral a favor de Adolfo Rodríguez Saá, esclarezca cuál fue el destino de los 80 millones de pesos entregados a la esposa del senador nacional que fue candidato del frente Unidad Justicialista”, enfatiza el comunicado de Cambiemos.

De acuerdo a la documentación expuesta en la denuncia por los diputados opositores, Gisela Vartalitis constituyó la Fundación Mujeres Puntanas el 21 de julio pasado y accedió a los fondos provinciales en tiempo récord: el 1 de septiembre pidió el subsidio, ese mismo día firmó un convenio con la provincia y el 8 de septiembre la gobernación emitió un decreto y la orden de pago por los 80 millones de pesos.

Previamente el Juez Federal Juan Esteban Maqueda se había considerado incompetente para comprobar los delitos de defraudación, malversación de fondos públicos y peculado, entre otros.