Como en los tiempos de Alicia Lemme, el fiscal Allende se plantó ante la Corte por la deuda de la Nación

“No me volveré de Buenos Aires sin una respuesta”, sostuvo ayer el fiscal de Estado. Reclama a la Corte Suprema una definición del monto que la Nación le debe a la provincia.

El fiscal Eduardo Allende pidió este lunes nuevamente, y de manera formal, que el máximo tribunal fije la tasa de interés con la que debe calcularse el monto adeudado. Mañana esperará personalmente que la Corte se expida.

Este es el noveno pedido de pronto despacho presentado ante la Corte para solicitar que, tras dos años de espera, defina con qué tasa de interés debe calcularse la deuda que el Gobierno nacional mantiene con San Luis, porque “se está configurando una situación de denegación de justicia”.

De los 16 juicios que la Provincia mantiene, en total, contra detracciones ilegales sobre la coparticipación federal, hay dos causas con sentencia desde fines de 2015 en las que el Estado nacional le reconoció a San Luis el reclamo por descuentos incorrectos dispuestos durante varios años.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no fijó en ese momento una tasa de interés para calcular la deuda, por lo que en febrero de 2016 San Luis actualiza esa deuda con la tasa de interés “activa”, la misma que se aplica en todos los tribunales del país.

“El Gobierno nacional estuvo de acuerdo con los montos históricos calculados, pero no estuvo de acuerdo en la tasa de interés que debía aplicarse; hace dos años, desde marzo de 2016, que esperamos que la Corte defina cuál es esa tasa”, alertó el funcionario.

Explicó que si se aplicara la tasa que utilizó la Provincia, la deuda estaría en los $19 mil millones por los dos juicios que tienen sentencia, pero si se aplicara la tasa que pretende el Gobierno nacional, lo adeudado sería de $16 mil millones.

“Cuando el año pasado la Corte nos pidió que dialogáramos en busca de un nuevo acuerdo, ni el presidente (Mauricio) Macri ni tres de los ministros respondieron a los pedidos de audiencia presentados por escrito por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para retomar el diálogo”, recordó el fiscal de Estado.

En el año 2002, la entonces gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, tomó una postura parecida cuando “acampó” ante las puertas de la Corte Suprema por la devolución de 247 millones de dólares que la Nación le debía al Gobierno de San Luis, según un fallo del máximo organismo judicial.