El mandatario denunció una «malintencionada campaña mediática» en contra de su gestión «para hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales». El mandatario advirtió sobre el foco de contagio que representa el hacinamiento en las cárceles y recordó que organismos internacionales dieron recomendaciones de prevención ante la pandemia, pero resaltó que en la Argentina «la solución del problema está en manos de los tribunales».

«Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto», inició el presidente un hilo de declaraciones a través de su cuenta en Twitter frente al creciente debate mediático, que tuvo su punto más crítico en las desorbitadas declaraciones de la senadora provincial de Juntos por el Cambio, Felicitas Beccar Varela.

«La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad», contextualizó el presidente respecto de una situación crítica que eclosionó tras los motines de Florencia Varela y Devoto.

El mandatario recordó que «organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos», mientras que en la Argentina «Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema».

«En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia», describió Fernández antes de plantear la postura del Poder Ejecutivo.

«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades», confirmó el presidente la posición del gobierno nacional, que mantuvo a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sin dar declaraciones públicas al respecto.

«Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales», criticó el presidente y concluyó: «Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida».

Fuente: Página 12

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