Incumplimiento de obligaciones laborales y pago de indemnizaciones con cheques sin fondo, son algunas de las denuncias que el Sindicato de Panaderos hizo contra Daniel Giboín, secretario del Juzgado Federal de San Luis.

Diez trabajadores quedaron sin su fuente laboral a la espera del pago de las indemnizaciones. Los dueños de la panadería Claudales se comprometieron a abonar lo que les corresponde ante Relaciones Laborales, luego de una fuerte protesta y la intervención del Sindicato de Panaderos.

“El conflicto hace meses cuando los dueños anteriores despidieron a dos trabajadoras que reclamaban por incumplimiento de los salarios y el pago de la obra social. Fueron echadas de palabra, por eso intervenimos y lograron el compromiso para el pago de las indemnizaciones. Entonces les dieron cheques. Pero resulta que una de las despedidas aun no puede cobrar porque la cuenta bancaria no tiene fondo”, contó el secretario general del Sindicato de Panaderos, Darío Martinelli.

“Es muy grave lo que pasó, no solamente porque las trabajadoras aún no pueden cobrar, sino porque, después de averiguar ante la Justicia, pudimos corroborar que uno de los dueños es el abogado Daniel Giboín, secretario del Juzgado Federal de San Luis. Era quien estaba a cargo de pagar”, reveló.

Pero la situación se agravó en las últimas semanas, ya que la panadería “aparentemente pasó a otros dueños y, en el medio de esos cambios, se produjeron nuevos despidos. Esta vez ocho empleados quedaron en la calle. También en este caso, no estaban registrados, por lo cual debimos intervenir para que, por lo menos, cobraran una indemnización”

La panadería está ubicada en Illia y Lafinur, de la ciudad de San Luis, donde en la mañana del martes los trabajadores despedidos y el Sindicato hicieron una fuerte protesta. “Es lamentable que tengamos que llegar a estas situaciones por el proceder de los dueños que no respetan los mínimos derechos laborales. En este caso se trata de un funcionario judicial que debería ser investigado por todo lo que ha ocurrido. Entiendo que el Consejo de la Magistratura debería intervenir”.

“Al final, conseguimos el compromiso de los nuevos dueños, ante Relaciones Laborales, para que todos los despedidos puedan cobrar las indemnizaciones a partir de marzo. Mientras tanto, ir regularizando la situación de todos los empleados del local”, añadió.

“El dueño de un negocio, en este caso de una panadería tiene derecho a tomar y dejar sin trabajo a empleados. Nosotros, obviamente, siempre tratamos de preservar la fuente laboral, pero cuando eso no se puede, se debe indemnizar como corresponde. En este caso no ha ocurrido, por eso se tuvo que llegar a estas situaciones”, concluyó.

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