Las familias fueron obligadas a subir a un micro de manera compulsiva e intespetiva. El caso se conoció tras un habeas corpus por privación ilegítima de la libertad.

Por Irina Hauser. El gobierno de Gerardo Morales decidió echar de la provincia de Jujuy y trasladar de manera compulsiva e intempestiva, en medio de las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-10 (y a contramano del DNU que impone la cuarentena), a un grupo de inmigrantes. Entre ellos había familias enteras con niñes, que habían llegado a la Argentina a mediados de marzo. Varios venían a radicarse y se encontraban, en su mayoría, en La Quiaca. Algunas personas también se encontraban allí con intención de volver a sus países justo antes del cierre de fronteras.

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El miércoles a la mañana 61 pasajeros oriundos todos de países latinoamericanos fueron subidos a un mismo micro. Para entonces, tres organizaciones (Andhes, Cels y Caref) habían presentado un habeas corpus en nombre de 40 de ellos, que no tenían voluntad de irse, donde plantean su posible privación ilegal de la libertad y que se los expuso a trasladarse en medio de la emergencia sanitaria.

El Gobierno porteño estaba avisado de la llegada de 18 venezolanos que tramitan su condición de refugiados, pero la policía de la Ciudad detuvo al ómnibus cuando llegaba por avenida general Paz y se encontró con el triple de gente. Las autoridades jujeñas habían asegurado que estaban hechos todos los controles. El operativo detectó que ciertos pasajeros no tenían documento, que 9 de ellos habían entrado por pasos no habilitados y que una mujer tenía 38 grados de fiebre.

En el Ministerio de Transporte de la Nación, que había emitido una autorización técnica, dicen que el gobierno de Morales falseó u omitió información. Funcionarios porteños y nacionales estaban escandalizados y furiosos al final del día. A última hora los migrantes eran trasladados a hoteles.

Intervienen el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Primero se focalizaron en la cuestión sanitaria y humanitaria. Luego analizarán las autorizaciones del gobierno jujeño y la decisión de mandar a gente en un ómnibus, a contramano de las medidas de aislamiento.

Morales ya había blanqueado su pensamiento sobre los migrantes la semana pasada: “No podemos traer a extranjeros ni gente de zonas donde va a reventar la situación. Porque si no, estamos trayendo para que contagie a la familia y a todos. ¡Entonces la cortamos!”, dijo entonces.

Cuando estalló el escándalo aseguró: “No se echó a nadie de la provincia. Muchos de los extranjeros entraron por Bolivia en tránsito a Buenos Aires. Todos hicieron la cuarentena, por eso me parece raro que haya alguno con fiebre (…) No estamos echando gente por la borda en el marco de esta crisis, venga del país que venga (…) se les dio alimento y alojamiento. En el caso de los brasileños y peruanos fueron pedidos por sus embajadas para que sean enviados a Buenos Aires. Los colombianos son hinchas de Medellín, venían de Buenos Aires y los agarró el cierre de fronteras”.

El increíble viaje

La partida del micro desde Jujuy, que ya venía cargada de anomalías, fue revelada por Página/12. Los pasajeros a bordo son de nacionalidad peruana (3), venezolana (21), colombiana (22), brasileña (1) y también había argentinos (12). Estaban alojados en el Hotel La Frontera y en el comedor Mickey en La Quiaca, y otros en San Salvador de Jujuy.

Según el habeas corpus presentado por las ONG, la mayoría estaban en situación migratoria regular, habían cumplido las medidas de aislamiento y pasado por controles de salud. Hay un grupo aparte de venezolanos que integran un dispositivo de asistencia humanitaria que incluye el alojamiento y alimentación a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Agencia Adventista de Desarrollo y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).

Sobre estos últimos ACNUR había notificado al gobierno porteño el traslado, según informaron fuentes de Seguridad a este diario. Se informó que llegarían 18 personas, y que serían alojadas en hoteles, de lo que se ocuparía el organismo. Por otro lado, autoridades jujeñas hicieron un pedido de autorización para el traslado de los pasajeros en un micro al que le esperaban 30 horas de viaje atravesando 7 provincias en medio del contexto de la pandemia del coronavirus.

El primer requerimiento lo hizo el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos. Luego mandó una nota el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Pablo Palomares, certificando que las personas habían cumplido la cuarentena y que contaban con un certificado de salud. Luego fue elevado un pedido de circulación por parte del coronel Guillermo Siri, del comité operativo de emergencia de Jujuy que avisaba que los pasajeros descenderían en sus respectivas embajadas.

La Subsecretaría de Transporte otorgó un permiso en base a condiciones técnicas. “Esa autorización no implica certificación ni aval de la Nación sobre lo que hizo o habilitó la provincia de Jujuy”, señalaron también desde el Ministerio del Interior, que se abocó a analizar lo sucedido. El ministerio de Seguridad informó que también la información original decía que los pasajeros “eran refugiados de ACNUR”. Fuerzas de seguridad monitorearon, según la cartera, la trazabilidad del micro, aunque no fue detenido hasta que llegaba a la ciudad de Buenos Aires, por la fuerza porteña.

En el operativo en avenida General Paz la policía se llevó una gran sorpresa: esperaban encontrar un grupo de venezolanos y pero había 61 personas de varias nacionalidades apiñadas. Fueron revisadas por médicos del SAME y controladas por personal de Migraciones. Una mujer peruana tenía fiebre y terminó trasladada al hospital Pirovano. Algunos pasajeros viajaban sin el documento original y por la noche se intentaba chequear si alguno de los presentes tenía orden de captura. Migraciones informó finalmente que había 9 colombianos que habían ingresado al país por pasos no habilitados y que serán expulsados.

El secretario de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, pidió la intervención de la justicia federal, por eso quedaron a cargo Ercolini y Pollicita. Los migrantes fueron llevados a hoteles (Rochester, Fatsa y Viasui) y se evalúa si deben cumplir una nueva cuarentena.

Autoridades de Nación y Ciudad apuntan sospechas a Morales y cuestionan su decisión y la información ofrecida. Mientras se llevaba a cabo el operativo, D’Alessandro dijo que había pedido apoyo a Migraciones porque la situación –señaló—“nos resulta muy irregular”.

El juez Ercolini dio prioridad a resolver la cuestión sanitaria, y comenzó a poner el ojo en los pedidos emanados de autoridades jujeñas. ¿Por qué pedir una excepción semejante para que un micro atraviese el país en medio de la emergencia sanitaria?, es la duda. La nota del funcionario Palomares dice que las personas que irían en el micro estaban autorizadas, que habían cumplido la cuarentena y tenía un certificado de salud.

El habeas corpus

Las organizaciones que presentaron el habeas corpus el miércoles, antes de que el micro partiera de Jujuy, plantearon en ese documento que se trataba de una situación de posible privación ilegal de la libertad, donde además se expuso a los personas a trasladarse por las rutas, atravesar buena parte del país y llegar al principal foco de la pandemia. “La orden es ilegal e irregular”, decía la presentación.

Los migrantes que promovieron la medida judicial habían sido advertidos la noche anterior de que serían llevados en micro a Buenos Aires. Uno de ellos, el colombiano Juan Felipe Soto Lozano, que se encuentra con su padre, con quien había venido como turista, contó en C5N: “Esto ha sido una locura. Desde el comienzo nos vinieron con mentiras. Llegó el intendente la noche anterior y nos dijo que nos iban a llevar en un micro escoltado por Gendarmería y que nos mandarían a colombia para repatriarnos”. Varios días antes, habían mandado una carta el consulado de Colombia pidiendo ayuda. Decían allí que habían intentado cruzar por tierra hacia Bolivia para volver a su país, pero no pudieron por el cierre de fronteras y que desde entonces sufrieron malos tratos de parte de funcionarios y fuerzas de seguridad.

El habeas corpus ponía de relieve que se trata de un traslado forzoso a una ciudad que es foco de contagio, sin alternativa ni condiciones de alojamiento ni acceso a alimentos en plena cuarentena y sin ninguna clase de garantías durante el viaje. El objetivo de la medida judicial era: “que la justicia analice esta situación, que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad, y genere las medidas necesarias para conocer las razones del desplazamiento y que se orden, a través de un mecanismo que cuente con la participación de las autoridades nacionales y provinciales así como de las personas interesadas y sus representadas cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos (…) y si la mejor medida es un traslado se aseguren entonces las condiciones y garantías mínimas y necesarias (…) para que puedan desplazarse sin ser retenidos, demorados o dejados” en algún “punto de control”, “que durante todo el trayecto se tomen todas las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento entre las personas”, “impidiendo que viajen hacinadas” y que se les suministren “viandas y kits de higiene”, además de señalar el lugar de llegada, se les “garantice alojamiento y cobertura de las necesidades de alimentación”.

El juez federal Eduardo Hansen rechazó la presentación tomando por válida la palabra de las autoridades jujeñas, que decía que todos se irían por propia voluntad y sin imposiciones, que ninguna de las personas afectadas es oriunda de Jujuy, que no tienen ánimo de vivir allí y que eran enviadas a Buenos Aires para “que regresen a sus países quienes así lo deseen o permanezcan en nuestro país en el lugar que lo deseen”. Las organizaciones presentaron una apelación donde insisten con el peligro generado por el traslado y refutan de plano el argumento de que los pasajeros se fueron de manera voluntaria.

En ese sentido, el CELS señaló en un comunicado que además de afectar la libertad de circulación de los 61 migrantes se los obliga a “cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas”.

Fuente: Página 12

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