La jueza Sorondo Ovando apercibió a la Unidad Regional II porque no cumplió la orden de trasladar por la fuerza pública ante la Justicia a Gerardo Ortega, condenado por violación.

Así lo dice una notificación que la jueza de Familia y Menores Nº 1 envió a la UR II, tras casi cuatro meses de haber ordenado que el joven, condenado en un juicio por violación, sea llevado ante el Juzgado para una evaluación psicológica y psiquiátrica ante el Cuerpo Profesional Forense.

La citación partió de una disposición del Superior Tribunal de Justicia, al revisar una controvertida causa que estuvo en manos de la ex jueza de Familia y Menores Verónica Lafuente, destituida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento.

Pero Ortega no se presentó, lo que llevó al Juzgado a ordenar una segunda citación, la que tampoco se cumplió. Lo mismo ocurrió con una tercera orden que la jueza envió a la Policía, esta vez de búsqueda y traslado por la fuerza pública.

Ante las sucesivas citaciones frustradas, la jueza envió días atrás una notificación a las autoridades de la Unidad Regional II, para que informen si se procedió a cumplir las órdenes dadas, tanto las citaciones como el traslado mediante la fuerza pública. Para eso, la misma Justicia aportó dos posibles domicilios del joven buscado, uno en Villa Mercedes y otro en Mendoza.

En el oficio que mandó Ovando le exige a la Policía que remitan comprobantes o informes correspondientes, o se mencionen las razones o motivos “por los cuales no fue realizada la conducción ordenada”.

“Todo bajo apercibimiento de que ante el incumplimiento de la presente orden cometerá el delito previsto por el art. 239 del C.P. (desobediencia a la autoridad)”, añade el oficio.

El caso

A principio de junio pasado el Superior Tribunal de Justicia pidió antecedentes y citó a declarar para el 4 de julio a Gerardo Ortega, un joven condenado en abril de 2013 por abuso sexual agravado y liberado un mes después por la jueza Verónica Lafuente.

El oficio del máximo organismo judicial respondió a la decisión que había tomado tomó a mediados mayo, cuando anuló la resolución dictada por la jueza Lafuente (ex titular del Juzgado de Familia N° 2) en junio de 2013 a favor del joven condenado en un juicio por violación y enviar el expediente al Juzgado de Familia N° 1 “para que dicte nuevo pronunciamiento”.

Entonces, para “resolver de manera definitiva” el caso, el STJ libró oficios a las cámaras, juzgados, Penitenciaría Provincial y Registro Nacional de Reincidencia “a fines de que informe los antecedentes penales” de Gerardo Ortega.

Entre las medidas, fijo audiencia en el Juzgado de Familia para que comparezca Ortega “en presencia de un Psicólogo del Cuerpo Profesional Forense”.

Para hacer efectiva esta última medida, el Superior Tribunal envió oficios a la Unidad Regional II y al Juzgado de Familia y Menores de Rivadavia, provincia de Mendoza, donde se cree que vive el joven condenado por violación.

La violación, juicio, condena y libertad

El 23 de abril de 2013, la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes resolvió por unanimidad culpar a Gerardo Hilario Ortega por el delito de abuso sexual agravado. Para los camaristas, el joven raptó a una chica en la noche del 22 de abril de 2008, en una esquina del barrio ATE II. La llevó a un descampado y la violó. Luego la obligó a entrar al cementerio municipal, donde abuso nuevamente de ella.

Tras el fallo, el 18 de junio de ese año, la jueza Verónica Lafuente dictó el auto interlocutorio N° 47 y tomó la decisión de liberar al condenado.

Lafuente envió un escueto oficio a la Penitenciaría Provincial, por el cual ordenaba la “inmediata libertad” de Hilario Ortega

La medida de la jueza de Familia y Menores disparó fuertes críticas. Por el caso, fue suspendida y llevada a un Jury.

El juicio contra la jueza se hizo a principio de 2014. Inesperadamente, en abril de ese año, en un dictamen dividido, cuatro miembros del Jurado de Enjuiciamiento votaron a favor de la destitución y cinco por continuidad en el cargo. Así jueza Verónica Lafuente fue absuelta de los delitos imputados y volvió a su función como titular del Juzgado de Familia N° 2 de Villa Mercedes.

Eduardo Gatica, Horacio Guillermo Zabala, Gustavo Miranda Floch. Carlos Villegas y Elba Liliana Fernández “salvaron” a la jueza Lafuente al sostener en el fallo que la titular del Juzgado de Familia N° 2, dictó una sentencia interlocutoria “en armonía y con arreglo con la legislación nacional y local vigente para el fuero penal de menores”.

El martes 20 de marzo pasado el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia resolvió suspender a la jueza Lafuente e iniciar el Jury por irregularidades detectadas en el manejo del Juzgado. (Ver nota: http://www.sanluisnoticia.com.ar/index.php/villa-mercedes/3205-la-jueza-lafuente-esta-suspendida-y-enfrenta-un-segundo-jury-de-enjuiciamiento)

No obstante, el “antecedente” del caso Ortega no figuró entre las causales que llevaron a la suspensión y al enjuiciamiento de la jueza.

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