Elevaron una nota al gobernador Alberto Rodríguez Saá para que no desafecte al personal, integrante del Plan Solidario, que trabaja hace tiempo en esas entidades.

Los cambios que el gobierno implementa en los integrantes del Plan Solidario provocan zozobra en los mismos trabajadores y en las instituciones donde se desempeñas. Entre ellas, las que se dedican al cuidado, contención y educación de personas con discapacidad.

Preocupados por la posibilidad de quedarse sin el personal de apoyo, con el cual vienen trabajando desde hace años, representantes de EDAM, APAD, Escuela María Montessori, APADAU, ICRED y Amuyen elevaron una nota al gobierno con la esperanza que se “reconsideren las medidas de cambio”.

“Tenemos presente la importancia de los lazos y relaciones con las instituciones y cada una de las personas que la integran”, señala la carta.

“Las personas que han sido incorporadas a lo largo del tiempo han reflejado el compromiso cotidiano con su trabajo. Queremos destacar la importancia de la concientización en las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Solicitamos que se tenga en cuenta la solicitud”, señala.

Esta semana, el gobierno comenzó con un “plan de reorganización” del Plan Solidario, para lo cual “interrumpió” las actividades diarias que realizar y los convocó a encuentros para “actualización de datos”.

Si bien el gobierno aseguró que nadie perderá la fuente laboral y que el plan seguirá vigente, las dudas no se despejan.

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