En la última semana se produjeron más de 1200 cesantías concentradas principalmente en el sector privado industrial. Informes oficiales dan cuenta de que las empresas no esperan contratar nuevo personal, que caen tanto en la industria y los servicios como con monotributistas y autónomos.

El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional que compromete una fuerte reducción del déficit fiscal para los próximos cuatro años permite pronosticar una aceleración en la reducción de empleos públicos.

Los 354 telegramas que la semana pasada llegaron a los domicilios de los trabajadores de la agencia Télam, en parte, se explican por ese ajuste en el gasto público que impulsan desde el Ejecutivo.

El programa de «dotaciones óptimas» del Ministerio de Modernización augura una nueva ofensiva sobre los empleados públicos nacionales, para quienes el gobierno tiene preparados unos 20 mil despidos más en el próximo período.

Los estatales, además, deberán soportar el congelamiento de la planta, del presupuesto para insumos y de sus propios salarios en la medida en que el gobierno los exceptuó de los beneficios que otorga el Decreto 508/18 que habilita un incremento adicional del 5% para aquellos convenios paritarios del sector privado que hubieran acordado una suba de salarios del 15 por ciento.

Sin embargo, las cesantías no son patrimonio exclusivo del sector público. Entre los cinco puntos que el triunvirato de la CGT había presentado al gobierno en las reuniones previas al paro nacional del lunes pasado estaba incluido el pedido de un compromiso de suspender los despidos públicos y privados durante un período de seis meses. La negativa del gobierno, a pesar de que en otra oportunidad ya había firmado algo similar sin efectos concretos posteriores, fue lo que terminó de desencadenar la medida de fuerza.

Fuente: Por Alfonso De Villalobos

Diario Tiempo Argentino

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