Crece el malestar por los manejos irregulares y arbitrarios por parte de las autoridades de la UNViMe, que ahora incluso se manifiestan en los propios concursos convocados desde principios de año, los cuales no presentarían las garantías de imparcialidad y transparencia que deberían tener.

Es así como la última semana quien sufrió en carne propia esta perversa metodología de favorecer a unos y perjudicar a otros fue el propio ex Secretario General, Daniel Ardissone, quien tenía un cargo de profesor titular, lo llamaron a concurso por un cargo de menor rango (profesor adjunto) y encima lo reprobaron.

El citado no es ningún improvisado: se trata de un docente universitario con más de 40 años de trayectoria, ha concursado exitosamente 10 cargos de profesor, y es además Profesor Titular Efectivo de la Universidad Nacional de San Luis, por lo que considera haber sido objeto de una represalia por no adherir a las políticas del actual rector David Rivarola, quien está haciendo todo lo que se encuentra a su alcance para  eliminar posibles competidores en la carrera hacia el rectorado, cuyas elecciones podrían convocarse en agosto próximo.

Ardissone dicta clase en la Tecnicatura en Gestión Ambiental y al llamarse a concurso para cubrir la misma asignatura, pero en un cargo de menor jerarquía, en reiteradas oportunidades por medio de distintas notas solicitó una revisión de dicho llamado e incluso lo habría hablado con la Secretaria Académica, Graciela Balanza, y la directora del Departamento, Silvia Miró, sin que tuviera hasta el presente ninguna respuesta.

“Creo que es una absoluta falta de respeto que no hayan contestado por la positiva o la negativa una solicitud de un docente, demuestran tanto ellos como el propio rector Rivarola que no les interesa en lo más mínimo dar explicaciones o manejarse con transparencia”, le comentó el docente a sus allegados.

Por ese motivo, Ardissone en los próximos días impugnaría el concurso y podría elevar una nota al rector, recordándole que tras haberse desempeñado en innumerables jurados de concursos y habiendo revisado como miembro de cuerpos colegiados cientos de concursos desde la normalización universitaria del 1985, nunca vio “semejante despropósito en un acta de concurso” como la que se indica que ni siquiera entró en el orden de méritos de un concurso de Profesor Adjunto.

Lo llamativo en el acta de dicho concurso es que el jurado otorga cuarenta puntos sobre cuarenta a una postulante con mínimos antecedentes académicos, para de esa forma superar por solo dos al denunciante. Al mismo tiempo, le otorga un puntaje tan bajo a Ardissone que ni siquiera aparece en el orden de méritos, cuando de lo que está expresado en el acta no se deduce tan baja calificación.

Obviamente esta controversia se solucionaría rápidamente en una Universidad Normalizada porque cualquier instancia colegiada, Escuela y Consejo superior, como mínimo anularían semejante acta. Pero claro, en la UNViMe la situación es totalmente distinta porque al estar en proceso de organización todo depende del rector y en gran medida de su hombre de confianza, el Secretario Legal y Técnico Roberto Pagano.

Lo grave es que lo ocurrido con Ardissone no sería un error ni una injusticia, sino que formaría parte de una metodología sistemática para “borrar de la cancha” a los opositores. Dos antecedentes cercanos avalan esta reflexión: similar suerte corrieron otros dos docentes de sobrados antecedentes y trayectoria: la profesora Andrea Escudero (ex directora del Observatorio de Graduados”) y el Dr. Marcelo Sosa (candidato a vice gobernador).

Ambos perdieron sus concursos de similar manera. Es decir, superaban en trayectoria y antecedentes a quienes ganaron sus concursos, pero estos recibieron el máximo puntaje en la calificación de sus clases, que es algo absolutamente arbitrario y subjetivo.

La seguidilla de irregularidades ha puesto en alerta a los propios gremios docentes, que se encontrarían juntando antecedentes para solicitar un sumario investigativo que podría alcanzar no sólo a las autoridades sino también a los docentes que habrían sido parte de esta maniobra, varios de los cuales se repiten en los jurados. Cuestión que podría exceder el ámbito académico y llegar a la justicia ordinaria, por tratarse de una aparente “asociación ilícita”.

Caos y politización

La actual situación en la UNViMe es caótica. La semana pasada se aceptó la renuncia del secretario de Bienestar y Asuntos Universitarios, Julio Ortíz, quien según versiones habría tenido fuertes diferencias con el conductor político de Rivarola, el diputado nacional José Luis Riccardo, por lo que es reemplazado por Gabriela Zeballos.

Por otro lado, uno de los gremios docentes –ADOI- presentó en la Cámara Federal de Mendoza una impugnación al Estatuto Provisorio que hizo aprobar Rivarola, hecho a medida para favorecer sus chances de perpetuarse al frente del rectorado ganando en las elecciones de normalización.

Asimismo, ante la contundente impugnación que había presentado la propia CONADU nacional al llamado a concurso de reválida para docentes que ya habían concursado de manera cerrada, el rector Rivarola debió dar marcha atrás y derogar su anterior resolución. Un papelón que terminará dando argumentos a quienes presentaron la impugnación del propio estatuto ante la justicia federal.

Simultáneamente trascendió una seria denuncia pública sobre “usurpación de título” que abarca a la actual directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, Roxana Tropich, quien es Licenciada pero firmaba como Magister. El tema no solo pega de lleno en el Secretario Legal que debería supervisar la legalidad de los títulos, sino también en el propio rector que la sostiene.

El escándalo también tendrá serias consecuencias político-electorales para la alianza Avanzar-Cambiemos, dado que Tropich, quien militaba en el justicialismo daractense, se pasó de bando y es candidata a intendenta de Claudio Poggi, quien no puede creer su mala suerte.

Todo indica que con el correr de los días Tropich se vería obligada a presentar su renuncia, si efectivamente se comprueba que cometió al menos dos delitos: falsedad ideológica y usurpación de títulos, pergaminos poco favorables para quien se presenta como una nueva opción para gobernar su ciudad.

Como si todo esto no fuera suficiente en medio del descalabro institucional que padece la universidad, la obra del campus que se encuentra casi parada se ha convertido en “obrador electoral” para la realización de pancartas y pasacalles políticos de Poggi y Andreotti, como pueden verse en las fotografías que acompañan esta nota.

 

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