Este miércoles comenzó el juicio contra un hombre de 38 años acusado de abusar de la hija de su pareja. La defensa pidió un estudio médico y psiquiátrico del imputado.

El debate oral lo lleva adelante la Cámara Penal Nº 2 de la Segunda Circunscripción. En esta primera audiencia, la defensa del acusado solicitó la suspensión del juicio oral.

Se trata de la causa caratulada “S.S.R – Av. Delito contra la Integridad Sexual” en la cual se investiga a un hombre de 38 años por haber cometido abuso sexual en contra de la hija de su ex pareja. El hecho fue denunciado en mayo de 2013 por el padre de la niña, que ese entonces tenía 9 años, y habría ocurrido en ausencia de la madre.

El tribunal está formado por Daniela Estrada, Anibal Atilio Astudillo y Maria Silvia del Castillo de Insua. Como Defensora de Menores actúa Yesica Agüero y como Fiscal de Cámara, Ernesto Lutens. La representación de la defensa del acusado es ejercida por Pascual Celdrán.

La defensa solicitó al tribunal la suspensión del debate oral a los fines de realizar estudios médicos, psiquiátricos y psicológicos fundamentalmente neurológicos, con el propósito de determinar el grado de disminución de la capacidad intelectual del acusado y si se encuentra en uso de sus facultades mentales y compresión de los actos. Asimismo, pidió que se revoque la prisión preventiva.

Por su parte, el Fiscal de Cámara no formuló objeciones en cuanto al pedido de los estudios médicos y solicitó que los exámenes se realicen a la brevedad posible y también que continúe la detención.  La Defensora de Menores adhirió al planteo de fiscalía, y sugirió que los estudios fueran realizados por peritos del Poder Judicial del cuerpo profesional forense.

A los efectos de no alargar los plazos, el tribunal resolvió en la misma audiencia suspender el debate y dar lugar a lo peticionado por la defensa en cuanto a los estudios médicos y el acusado deberá comparecer ante Secretaria de Cámara una vez por semana, bajo apercibimiento de revocar la libertad.

Cabe aclarar que se omitió la identidad del acusado para preservar el derecho a la intimidad y confidencialidad de la víctima, atento la relación de convivencia que existió entre ambos.

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