Así lo aprobó por mayoría el Concejo Deliberante al evaluar los efectos del prolongado período sin lluvias en la producción agropecuaria de la zona. Piden que el gobierno tome medidas para mitigar los perjuicios a los productores.

Concejales de los bloques del PJ y Cambiemos aprobaron una comunicación dirigida al gobierno de San Luis. El concejal Andrés Forgione explicó que la propuesta “es para encender alarmas de los poderes y, en el caso que corresponda, se declare la emergencia”

“Hemos observado anomalía en los niveles de precipitaciones en la provincia y la región”, dijo. Explicó que el proyecto tiene como base la ley nacional N° 26509, de sistema de mitigación de desastres agropecuarios y, como fundamento, la sequía que afectó la producción de las actividades agrícolas ganaderas en San Luis

“Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de San Luis atraviesa fuerte sequía. De julio a octubre las precipitaciones rondaron los 25 mm., situación que no se daba desde 1969, comparables con las sequías del año 2003 y 2006, que fueron años de mucha sequedad”, comentó.

“Esto quiere decir que 2019 es uno de los años más secos de la historia. Esté en el 4° lugar. En ese sentido, el campo, tanto en la producción agrícola como ganadera, se ha visto afectado y se verá también complicado por lo que puede pasar en los próximos meses, ya que, según los pronósticos, en noviembre, diciembre y enero seguirá la falta de lluvia, con precipitaciones escasas”, añadió.

Aclaró que la ley nacional establece, entre sus funciones, la declaración de emergencia en zonas afectadas cuando por factores no previsibles, por su intensidad, afecten la producción de una región, dificultando las actividades agropecuarias. Esta afectación está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Por eso, el proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, en caso de corresponder, declare la emergencia agropecuaria en todas zonas afectadas y realice las diligencias en el orden nacional” en el marco de la ley citada para “la eximición de las obligaciones tributarias que agravan los inmuebles vinculados con las actividades agropecuarias”.

 

 

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