El legislador provincial del Frente Unidad Justicialista de San Luis fue imputado por robo doblemente calificado y violencia de género en perjuicio de su ex pareja.

La Justicia de Villa Mercedes ordenó la detención del senador Ariel Rosendo. Para eso solicitó el desafuero, que debe aprobarlo la Cámara en la sesión de esta semana. La situación es comprometida para el legislador apuntado como autor de los delitos de “robo doblemente calificado, en poblado y en banda”, en perjuicio del gremio mecánico SMATA, y contra su ex esposa, Ivana Beatriz Massimino, desobedeciendo una orden judicial y violando las medidas antipandémicas en “concurso real”.

El juez Leandro Estrada, titular del Juzgado Penal 2 ordenó este lunes la “inmediata detención” de Rosendo. Anteriormente, la fiscal Daniela Torres había pedido la declaración indagatoria y el desafuero del senador peronista basándose en declaraciones del secretario general de SMATA de San Luis, Juan Piturra, quien denunció a Rosendo de sustraer pertenencias de manera violenta en una propiedad del gremio donde habita su ex pareja, en la calle Italia al 426 de Villa Mercedes. Cabe mencionar que el actual legislador había sido titular del gremio de mecánicos, pero terminó siendo desplazado por la conducción nacional del organismo por supuestas irregularidades y el presunto robo de muebles y electrodomésticos.

Según indicó la agencia Télam, el dirigente peronista fue acusado el pasado 18 de mayo de violar una orden de restricción al entrar al local del SMATA y robar objetos del sindicato. En la propiedad donde se produjo el hecho además reside la ex pareja de Rosendo, quien lo denunció por violencia de género. Según el expediente, en las actuaciones policiales se dejó constancia de que la entrada del lugar “había sido violentada y forzada”.

Mientras las acusaciones siguen su marcha la Justicia se pronuncia y las agrupaciones de lucha contra la violencia de género expresan sus repudios, en el Senado de San Luis el martes pasado se aprobó por unanimidad el pedido de licencia por 30 días con goce de haberes para el legislador.

La jefa del bloque Frente Unidad Justicialista, Mabel Leyes no emitió opiniones al respecto: “se trata de un hecho índole privada, y por eso no le corresponde a los senadores opinar”, se excusó. Sin embargo, militantes feministas expresaron su repudio públicamente con la consigna: “Silencio de las senadoras y funcionarias del gobierno provincial”.

Las varias acusaciones que recaen sobre el senador Rosendo, provocaron que el juez Estrada entendiera que debía solicitar el allanamiento al fuero, para poder citarlo y ordenar su detención.

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