La nación tiene 120 días corridos para acordar con San Luis el pago de 16 mil millones de pesos. El gobierno provincial no descartó la posibilidad de embargar fondos nacionales.

Desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de San Luis, a fines de 2015, el gobierno Cambiemos buscó dilatar los tiempos y su objetivo de última patear la deuda hasta después de su mandato.

Pero el reciente veredicto del máximo órgano judicial, dictado el martes 19 de febrero, intimó a la Nación a pagar la deuda “inmediatamente”. No obstante, el gobierno nacional tiene 120 días para formalizar el pago del monto que asciende a 16.600 millones de pesos.

En la conferencia de prensa que ofreció en Terrazas del Portezuelo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo hincapié en el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la deuda que Nación posee con San Luis por fondos coparticipables retenidos ilegalmente. El mandatario no descartó la posibilidad de embargar fondos nacionales en caso de que la administración de Macri no cumpla.

Una nueva cuenta regresiva arrancó. Se trata de los 120 días hábiles que el martes 19 de febrero comenzaron a correr y que significan el último límite para que el Gobierno nacional le pague a San Luis los $16.600 millones que le adeuda hace más de 12 años, y que corresponden a fondos coparticipables retenidos de manera ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de los sanluiseños y determinó ese plazo para que los funcionarios federales acuerden un plan de pagos y comiencen a cumplirlo.

Si la Nación no respeta ese dictamen o, tal como lo hizo en los últimos tres años, reinicia maniobras dilatorias y reuniones sin ningún resultado o respuesta para demorar el pago, los puntanos sólo deben esperar para iniciar las acciones legales que desemboquen en la liquidez inmediata de los fondos. El Gobierno de San Luis, aunque no lo desea, no descartó embargar fondos federales. El propio fallo judicial así lo indica.

Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador Rodríguez Saá subrayó que San Luis no abandonará su postura de diálogo para favorecer los acuerdos, pero que el límite será el plazo de 120 días hábiles que la Corte Suprema le puso al Estado nacional. “Llegó la hora de la reparación. Tenemos la posibilidad de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago. No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”, aclaró Alberto este lunes al mediodía.

Luego el primer mandatario puntano profundizó acerca de la intimación que puede esgrimir la Provincia. “Si el juez Griesa tuvo el derecho de embargar fondos nacionales… San Luis también tiene derecho, ¿no?”, se preguntó Alberto ante los periodistas, en clara alusión al juez estadounidense que embargó cuentas y bienes argentinos a raíz del juicio que fondos buitres le iniciaron a la Argentina en la Corte de Nueva York en 2010.

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