La presentación pide la suspensión del estatuto aprobado por el rector Rivarola. También que la Justicia solicite informes al ministerio de Educación de la Nación.

Docentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes presentaron ante la Cámara Federal de Mendoza una impugnación al estatuto provisorio impulsado y aprobado por el rector interventor David Rivarola, debido a graves irregularidades en la aplicación de normativas que regulan el funcionamiento de universidades en proceso de normalización.

La impugnación ingresó esta semana por Mesa de Entrada de la UNViMe y se suma a la que presentó días atrás el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitario (CONADU), Carlos De Feo.

En aquella ocasión, el representante del poderoso gremio docente universitario cuestionó específicamente el llamado a concurso abierto para cargos docentes que Rivarola: ver nota: http://sanluisnoticia.com.ar/web/el-secretario-general-de-la-conadu-impugno-una-medida-del-rector-de-la-unvime/)

La instancia judicial implica directamente al estatuto y un dato no menor: que la justicia investigue la intervención del ministerio de Educación de la Nación, que aprobó el estatuto provisorio que luego fue publicado en el Boletín Oficial.

El documento último contiene durísimas críticas legales que alcanzan a lesionar seriamente la gestión, en cuanto a las previsiones normativas que utilizó el rector para el polémico estatuto:

Algunas de las partes de la presentación judicial señalan textualmente:

EL ESTADO INSTITUCIONAL DE LA UNVIME: La UNVIME fue creada por una ley sancionada y publicada en 2009.

En efecto, se trata de la Ley 26.542 de creación la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la Provincia de San Luis. La ley fue sancionada el 11 de noviembre de 2009, promulgada de hecho el 3 de diciembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2009.

En marzo de 2013 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó la solicitud de puesta en marcha de la UNVIME señalando, entre otras consideraciones que «La creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes responde a una iniciativa local-regional de la población mercedina que impulsa la creación de una universidad nacional en la localidad con la intención de contar con “instrumentos científico-tecnológicos que favorezcan el desarrollo y la promoción del conocimiento”.»3. Ello por la resolución 123/13.

En 2017 el PEN intervino la universidad vía decreto nº 671/2017,  por el que se designa como «rector organizador» a David Luciano Rivarola, en reemplazo de Roberto Schwartz, quien días atrás había convocado a elecciones.

Este decreto es publicado en el Boletín Oficial del 23-agosto de 2017 y, en resumen,  limita, a partir del dictado de la medida, las funciones del profesor DOCTOR ROBERTO JORGE SCHWARTZ, (D.N.I. N° 11.328.786) como Rector Organizador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes y  designase rector organizador de la universidad  al DOCTOR DAVID LUCIANO RIVAROLA (D.N.I. N° 16.868.232), el que asumira sus funciones a partir de la firma del presente decreto, con las facultades y obligaciones previstas en el articulo 49 de la ley n° 24.521. Es decir, con las obligaciones y facultades de normalizar la UNIVIME con si estuviera recién creada.

Agregamos que de la ley de creacion de la UNVIME dipuso en su articulo 2º , textualmente: “Se regirá por las disposiciones de la Ley de Educación Superior y por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.”

Esto significa la ley 24.521, su decreto reglamentario y las leyes que hacen a los derechos de los docentes y la CCT 1246/15 celebrada al amparo de las Leyes Nros. 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 23.929 y 24.938, son de aplicación a la UNVIME.-

4.2.-LAS PREVISIONES LEGALES PARA LAS NORMALIZACIONES: En este estado del desarrollo es menester enfatizar que la UNIVIME a la fecha no está normalizada conforma a ley. Es decir, aún se encuentra en el proceso de definición de sus normas y sus planteles.

La falta de definición normativa importa que las autoridades no son surgidas de un proceso de co-gobierno que es el que la Constitución requiere como fuente del reconocimiento de la autonomía universitaria (art. 75 inc. 19 Constitución Nacional). De tal modo, conforme se ampliará en el presente, este recurso no puede ser merituado en ningún momento bajo la óptica de la defensa de la autonomía citada para su impugnación o trámite.

Dicho esto, ponemos de resalto que la normativa legal establece en su ARTICULO 78 de la ley 26.542. Que — “Las instituciones universitarias nacionales deberán adecuar sus plantas docentes de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 51 de la presente ley dentro del plazo de tres (3) años contados a partir de la promulgación de esta y de hasta diez (10) años para las creadas a partir del 10 de diciembre de 1983. En estos casos, los docentes interinos con más de dos (2) años de antigüedad continuados podrán ejercer los derechos consagrados en el artículo 55 de la presente ley.”

El artículo 51 del mismo plexo normativo, establece: — “El ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso publico y abierto de antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa condición, que garanticen la mayor imparcialidad y el máximo rigor académico. Con carácter excepcional, las universidades e institutos universitarios nacionales podrán contratar, al margen del régimen de concursos y solo por tiempo determinado, a personalidades de reconocido prestigio y méritos académicos sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios o actividades similares. Podrán igualmente prever la designación temporaria de docentes interinos, cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancia el correspondiente concurso.”

Los docentes designados por concurso deberán representar un porcentaje no inferior al setenta por ciento (70 %) de las respectivas plantas de cada institución universitaria.”

A su vez, ARTICULO 55. Reza: “— Los representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por concurso, serán elegidos por docentes que reúnan igual calidad. Los representantes estudiantiles serán elegidos por sus pares, siempre que estos tengan el rendimiento académico mínimo que establece el artículo 50.”

A la fecha la UNIVIME no ha llegado a cubrir el porcentaje de docentes titulares en los términos del citado artículo.-

El ESTATUTO ANTERIOR Y EL NUEVO: Disposiciones de aprobación: EL 13 de marzo de 2019 se toma conocimiento a través del Boletín Oficial que el Ministerio de Educación de la Nación, por vía de la Res. 684/19, Referencia: EX-2018-60420278- -APN-DD#MECCYT por el que se aprueba el Estatuto Provisorio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza Rectoral N° 02 de fecha 29 de octubre de 2018.

Esta es la primera noticia que se tiene de la existencia del trámite y de la citada ordenanza referida por la resolución. Por las razones apuntadas, la única autoridad es el Rector Normalizador designado por el PEN. No existe ni Consejo Superior, ni debate, ni Boletín de la Universidad, ni digesto.-

Con anterioridad a la resolución nº 684/19, regía el estatuto provisorio, aprobado por el Ministerio de Educación de Nación mediante Resolución No 1072/2012, es cual fue aprobado por Resolución de la Rectora Organizadora de la UNVIME No 17 de fecha 23 de mayo de 2012.

Más allá de otras consideraciones, las normas que en ambos casos tratan de las condiciones para ser rector varían sustantivamente.

Citamos: Según la regla anterior, y plenamente conforme a los estándares vigentes:

Artículo 61o: Para ser designado Rector o Vicerrector se requiere ser ciudadano argentino, tener por lo menos treinta años de edad, poseer título universitario reconocido con al menos 10 años transcurridos desde la obtención del título de grado, ser o haber sido profesor universitario por concurso de una universidad nacional con una antigüedad mínima de tres años en el cargo, o ser emérito o consulto en la misma. Dichos cargos serán con dedicación exclusiva, durarán tres años en sus funciones y pueden ser reelegidos una sola vez en forma consecutiva.

Dice el texto recientemente proclamado: “Artículo 62º. Para ser designado Rector o Vicerrector se requiere ser ciudadano argentino, tener por lo menos treinta años de edad, poseer título universitario reconocido con al menos 10 años transcurridos desde la obtención del título de grado, ser o haber sido profesor ordinario o efectivo universitario por concurso público, abierto de antecedentes y oposición de una Universidad Nacional, con una antigüedad mínima de tres años en el cargo, o ser emérito o consulto en la misma. Dichos cargos serán con dedicación exclusiva, durarán cuatro años en sus funciones y pueden ser reelegidos una sola vez en forma consecutiva, sin poder volver a ocupar nunca más dichos cargos. (subrayado propio).

Como señaláramos anteriormente, la diferencia es crucial y desconoce los derechos políticos de los docentes potencialmente elegibles y provoca una seria fractura en la democracia y normalización de la UNVIME.

EL punto radica en el agregado de la naturaleza del concurso público abierto de oposición y antecedente.  Si bien ella podría ser una regla razonable en abstracto, para el caso concreto deviene una arbitrariedad suficiente como para determinar que la regla sea nula de nulidad insanable. 

La UNVIME no ha hecho los concursos necesarios desde su creación para estar dentro de las pautas regulatorias, no ha cumplido sus obligaciones, como señalamos ut supra. – Y, a sabiendas, y posteriormente a tener detectada la situación de irregularidad, desconoce los derechos de los profesores cuyo cargo fue ordinarizado o regularizado en los concursos llamados como resultado de las luchas sindicales. Tanto que la propia UNIVIME acaba de proclamar una nueva ordenanza para cumplir al menos con las pautas de la convención colectiva.

Pero ello no puede, aun siendo una buena noticia para algunos colegas, transformarse en óbice para la ciudadanía política en función de los inaccesibles umbrales reglamentarios insertos en la Ordenanza que monocráticamente estableció el estatuto.

El Convenio Colectivo de Trabajo nº 1246/15 y los derechos docentes en la ciudadanía: Como dijimos antes, citando el texto de la ley vigente, las universidades nacionales tienen el deber legal de llamar a concurso para cubrir sus plantas docentes.

También están sujetas a las reglas de las leyes Nros. 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 23.929 y 24.938 que establecen las reglas de la negociación colectiva del sector.

Entonces, en ese marco, la obligación del llamado a concurso está establecido en los mecanismos de acceso a la carrera docente. Tanto de la ley como de la convención colectiva docente aprobada por decreto 1246/15.

Sin embargo, a la fecha en que se homologa el CCT, se publica y se torna obligatoria una norma transitoria de regularización de la situación docente, eran muchas las Universidades Nacionales (UNVIME incluida) que no habían dado cumplimiento a esta obligación de llamado a concurso, dejando a los docentes fuera de todo amparo profesional y de derechos políticos, con una gran precarización laboral.-

Es así entonces que las gremiales docentes pactan con el Consejo Interuniversitario Nacional, lo siguiente:

Artículo 73.- Docentes Interinos: Las Instituciones Universitarias Nacionales, a través de la Comisión Negociadora de Nivel Particular, dispondrán los mecanismos para la incorporación a carrera docente de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan cinco años o más de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable.

Hasta tanto se resuelva la situación de los mismos, no se podrá modificar en detrimento del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión, a excepción del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración.

Para el caso de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan entre dos a cinco años de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable, las Instituciones Universitarias Nacionales deberán cumplir con el procedimiento establecido en el art. 11 del presente Convenio. No se podrá modificar en detrimento del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión hasta la cobertura del cargo por concurso público y abierto de antecedentes y oposición; a excepción del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración.

En otras palabras. Las reglas vigentes incorporan de pleno derecho a la carrera docente, por un mecanismo garantista que nunca, en ningún momento, debe ser un óbice para el disfrute de los derechos políticos de los docentes cuando han participado de un proceso de ingreso plenamente legal y regulado por la propia universidad. Si para los interinos existe la previsión del articulo 55 de la LES en tanto la universidad no estuviera normalizada a poco de la sanción de la LES, tanto más para los regularizados mediante mecanismos legítimos.

En el caso de los firmantes, nos vemos excluidos del derecho de si tan siquiera ser posibles candidatos, cuando ha sido la Universidad la que no ha cumplido con sus obligaciones.

Más aún, como de acuerdo con las propias reglas de la UNIVIME como de la CCT 1246/15 los ingresantes a carrera docente tienen derecho a estabilidad, no hay modo legal que no implique una renuncia al cargo y nuevo llamado abierto para que los firmantes que hemos sido incorporados por el régimen de concurso cerrado tengamos las aptitudes necesarias para ser candidatos.

Al mismo tiempo, la manipulación para determinar qué cargos y casos han sido objeto de llamados a concurso abierto (solo 10 en casi una década) es la contracara de la limitación de derechos emergente de la ordenanza rectoral.

El caso es que el estatuto no prevé las cuestiones de ingreso a carrera docente ni a las garantías políticas de la ciudadanía universitaria en las condiciones debidas. Por lo tanto, su contenido está viciado.

Reiteramos, los suscritos nos vemos, aun regularizados, excluidos de los derechos políticos. Nuestro ingreso a la docencia se dio en el marco de la Ordenanza que luego fue reemplazada y en ningún momento se plantearon objeciones al uso y goce de los derechos políticos.

Como corresponde, tenemos la continuidad garantizada de acuerdo a la carrera docente y sujeto a escrutinio del rendimiento docente. Y aun cumpliendo en un 100% las expectativas que la institución pudiera fijar, no tendríamos derechos electorales. Tal exclusión es discriminatoria y por lo tanto nula.

LA FALTA DE AUTONOMÍA COMO MARCO: Hemos indicado anteriormente que esta demanda no puede ni debe ser analizada sino bajo el prisma de la protección a la UNVIME conforme a los estándares de la autonomía universitaria (ar. 75 inc 19 CN).-

Ello fundamentalmente por dos razones. Una, la UNVIME no cuenta con mecanismos de autogobierno en funcionamiento. La segunda es que aún si los tuviera, el texto que se impugna no se puede sostener a la luz de los principios legales y jurisprudenciales que sostienen el paradigma constitucional.

 

SUSPENSION DE LOS EFECTOS: Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, solicito se suspenda los efectos de la ordenanza rectoral cuestionada.

Ello por cuanto en el caso, con la procedencia de la suspensión, no se verá afectado interés público alguno, se evitará un daño grave al interesado, dado que se ha alegado fundadamente la nulidad absoluta de la misma.

Y decimos que no se verá comprometido el interés público sino muy por el contrario, éste se verá salvaguardado ya que se suspenderá la ejecución de un acto administrativo de alcance general que ha sido dictado con claro exceso reglamentario y arbitrariedad manifiesta.

Dice la doctrina que “La ponderación que se haga sobre este requisito para autorizar la suspensión no puede ser negativa, puesto que no cabe exigir la prueba de que no afecta el interés público sino la demostración de que existen razones de esa índole que justifican la medida suspensiva…” (Gallegos Fedriani, Pablo O. “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”. Buenos Aires. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma. 2002. Pág. 195).

La afectación del interés público en la especie surge clara de la situación de que se excluye de los derechos políticos a los docentes d ela UNIVIME que solo hemos cumplido con la legislación nacional y las reglas de la casa de estudios

Dice la doctrina que “… el particular, afectado por el mencionado acto, en forma simultánea con la interposición de su impugnación tiene la facultad de solicitar, en virtud del agravio que alegue, la suspensión de los efectos ejecutorios del acto (…) En el orden nacional, la viabilidad de la suspensión se encuentra supedita al cumplimiento de alguna de las tres condiciones establecidas en la norma, esto es: motivos de interés público, para evitar graves perjuicios al interesado o cuando se alegara fundadamente un nulidad absoluta…” (El destacado nos pertenece. No obra en el original) (Gallegos Fedriani, Pablo O. Op. cit. Pág. 197).

La administración tiene la obligación jurídica de revocar un acto nulo

El art. 17 de la LPA en su primera parte expresa: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa … ”.   

Sin perjuicio de que la potestad de la administración encuentra basamento en el texto legal ya transcripto, nuestra Corte Suprema ha dicho como obiter dictum en autos “Furlotti c/Instituto Nacional de Vitivinicultura” (23.04.91), que “ … esa facultad (la revocatoria del art. 17 LPA) encuentra suficiente justificación en la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad comprometida por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden jurídico interesado en la vigencia de la legalidad … “.

INFORMATIVA: a.- Se oficie al Ministerio de Educación de la Nación a fin de que remita en carácter de AEV, la pieza administrativa EX-2018-60420278- -APN-DD#MECCYT por el cual se aprueba un nuevo estatuto provisorio.

 

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